Gratuidad de la Educación en Guatemala: Consulta revela situación preocupante y cambiante
La situación de la educación básica en Guatemala es preocupante: No solamente se sigue presentando el cobro ilegal de cuotas escolares, sino que, además, las condiciones mínimas para el adecuado desarrollo del proceso educativo están ausentes
Foto: La Antigua Guatemala
Partiendo del concepto de gratuidad como una de las dimensiones fundamentales del derecho humano a la educación, la consulta regional Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay analiza las barreras económicas que impiden la realización de este derecho para todas las personas en nuestra región. El estudio aborda el conjunto de gastos asociados al proceso educativo, investigando el grado de cobertura que realiza el Estado y el costo que recae sobre los bolsillos de las familias de las y los estudiantes, docentes y directivos escolares, afectando la realización de la gratuidad. Entre los gastos escolares directos e indirectos analizados, se consideran tasas de matrícula, aranceles, uniformes, transporte escolar, útiles escolares, entre otros.
Respecto al contexto específico de Guatemala, a pesar de los notables esfuerzos para la estructuración e institucionalización del sistema educativo público durante los últimos años, la consulta hizo evidente que en las escuelas públicas persisten problemáticas acumuladas durante más de tres décadas. Durante visita al país en 2008, el entonces ex Relator de Naciones Unidas para el derecho a la educación, Vernor Muñoz Villalobos, evidenció el bajo nivel de inversión estatal en educación que, según señaló, se mantuvo estancada en un 2,7% del PIB (Producto Interno Bruto) durante el periodo 2001-2007. En la ocasión, también alertó sobre la tendencia a la privatización de la educación en Guatemala, que se manifiesta en el hecho de que más de la mitad de la educación media estuviera en colegios privados, lo que para el Relator es un atentado contra el principio de gratuidad.
Esta visita, así como el trabajo permanente de incidencia política que ha desarrollado el Colectivo de Educación para Todas y Todos, presionaron al gobierno de Álvaro Colom a tomar medidas respecto a la gratuidad. En el mes de septiembre de 2008, se realizó el Acuerdo Gubernativo No. 304-2008, que anuló el instrumento administrativo que autorizaba los cobros escolares, estableciendo su prohibición definitiva.
Para el periodo 2005 y 2010 se aumentó el gasto en educación en el país, pasando del 2,7% al 3.2% del PIB, a juicio de Víctor Cristales, coordinador nacional del Colectivo de Educación para Todas y Todos, coalición que realizó la consulta en el país, en alianza con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE). No obstante, esta sigue siendo una de las inversiones más bajas de la región.
El pago de bolsillo de las familias - Sobre los costos directos e indirectos que asumen las familias entrevistadas en Guatemala, se encontró que el promedio anual que deben pagar por concepto de cuotas y cobros en las escuelas públicas, es de 829,35 quetzales, que equivale a 105,51 dólares, por estudiante. En este monto, los costos más onerosos corresponden a los útiles escolares, las actividades extracurriculares y los materiales impresos, para el caso de los costos directos. El uniforme es el mayor coste, para el caso de los indirectos. Teniendo en cuenta que para el año 2013 en Guatemala el salario mínimo mensual fue de 2.421,75 quetzales (308,1 dólares), es decir que una familia con un ingreso igual a un salario mínimo debía destinar en promedio el 34% de su ingreso mensual por cada hijo/a que fuera a la escuela pública durante un año. Además, se observa que en las zonas urbanas por todos los conceptos los costos son mucho más altos que en las zonas rurales.
El financiamiento y las condiciones de las escuelas - Al indagar sobre las fuentes de recursos y la percepción de los directivos sobre la adecuación de este financiamiento a las necesidades del establecimiento educativo, el 70% de personas consultadas en Guatemala afirmó que la principal fuente de financiación de la escuela es la que proviene del Estado, el 94% afirmó que los recursos enviados por el Estado no son suficientes y el 71% que ellos no llegan a tiempo. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que las personas consultadas afirmaron que la escuela en algún momento se había quedado sin recursos frente a las necesidades, y que reiteradamente han tenido que recurrir a su presupuesto personal para solventar las necesidades de la escuela.
Las/os profesoras/es opinaron de modo similar: para el 87% de ellas/os la escuela no cuenta con suficientes condiciones materiales para desarrollar un proceso educativo satisfactorio. La mayoría de docentes señaló que el acceso a internet, el material de laboratorio y los equipos audiovisuales son deficientes, mientras que los útiles escolares y los libros de texto son insuficientes.
Sobre las condiciones de las escuelas, los y las estudiantes calificaron regular-deficiente el estado de la mayoría de instalaciones de las escuelas consultadas, sobresaliendo la percepción del mal estado de las bibliotecas (73%), los laboratorios (71%) y los baños (63%). Sólo el estado de los salones de clase fue calificado positivamente por las y los estudiantes. La percepción de los padres y las madres reafirma esta situación, indicando que el 48% de las instalaciones tiene un estado regular y un 24% es considerado deficiente.
Víctor Cristales señala que la situación económica del país identificada en esta Consulta es de una serie de cambios, relacionados con las decisiones del gobierno de turno, que determinó modificaciones en los programas educativos. “Esto denota una inestabilidad del sistema educativo y el detrimento de su financiación para garantizar la gratuidad de la educación”.
También, según Cristales, la Consulta permitió llevar a cabo acciones concretas de incidencia por el Derecho a la Educación, tales como la derogación de los instrumentos que cobraban el acceso a la educación; la identificación de medios para que los programas existentes lleguen a las comunidades más alejadas; y finalmente, la necesidad de exigir el compromiso de funcionarios/as públicos con el cumplimiento de la gratuidad de la educación.
Escuchar entrevista completa:
El proceso de Consulta - La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en los últimos años ha desarrollado una serie de consultas sobre gratuidad en diferentes países de América Latina con el propósito de sondear la situación actual relativa al cumplimiento de este compromiso, no solamente a partir de la verificación de cambios en la normatividad, sino a través de la consulta directa a comunidades escolares en algunos países, de suerte que la voz de los sujetos de derecho pueda ser escuchada respecto a la realidad de la gratuidad, parte central de la garantía del derecho humano a la educación (DHE). La investigación fue realizada en alianza con el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Foro Dakar Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay.
Con el fin de integrar la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, la consulta se llevó adelante con la participación de directores/as, estudiantes, docentes y padres/madres de familia. En Guatemala, la investigación abarcó un universo de 17 centros educativos, 6 en emplazados en el ámbito urbano y 11 en el ámbito rural.
