Gratuidad del derecho a la educación en Honduras: El 44,2% de la población entre 3 y 17 años de edad está fuera del sistema educativo nacional
Consulta revela que un importante porcentaje de las familias sigue siendo obligado a pagar por concepto de matrícula y mensualidad en varias de las escuelas públicas del país. Ambos cobros están prohibidos en la normativa internacional sobre el derecho humano a la educación que fue firmada por el Estado hondureño
Foto: Tiempo Digital
A través de la consulta regional Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, se buscó analizar las barreras económicas que impiden la realización de este derecho para todas las personas en nuestra región, especialmente a partir del diálogo con las y los integrantes de las comunidades educativas, durante el año 2013 y parte del 2014. El estudio permite aproximarse a la percepción de quienes participan en la escuela pública, preguntando sus puntos de vista sobre la financiación de los procesos educativos. En la consulta, se aborda el conjunto de gastos asociados a las prácticas educativas, investigando el grado de cobertura que realiza el Estado y el costo que afecta los bolsillos de las familias de las y los estudiantes, docentes y directivos escolares, afectando la realización de la gratuidad. Entre los gastos escolares directos e indirectos analizados, se consideran tasas de matrícula, aranceles, uniformes, transporte escolar, útiles escolares, entre otros.
Sobre el contexto específico de Honduras, el estudio muestra que la reciente historia socio-política del país se ha caracterizado por fuertes periodos de dictaduras y golpes de Estado. Se señala que después de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1924 y 1933-1949), emergen como actores políticos centrales, por un lado, militares y, por otro lado, trabajadoras y trabajadores. Durante este periodo se presentaron tres golpes de Estado (1963, 1972 y 1975) y la creación de la Ley Orgánica de Educación, emitida mediante Decreto No. 79 del Congreso Nacional el 14 de noviembre de 1966.
En 2009, un nuevo golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya fue ejecutado por el ejército hondureño, con el apoyo de los Estados Unidos, generando una grave crisis política en el país. Dicho golpe dividió la sociedad hondureña, afectando la gobernabilidad, aumentando la violencia política y afectando la legitimidad del sistema democrático. En medio de este difícil contexto histórico, político y social, la situación del derecho a la educación ha sido grave y estrechamente relacionada con los problemas políticos, sociales y económicos de la sociedad hondureña.
Para el 2013, la consulta encontró que la cobertura neta de educación pre-básica en el país fue 45,7%, los dos primeros ciclos de educación básica alcanzaron 80%, el tercer ciclo tuvo 31,4% y en la educación media esta cobertura fue de apenas 28,8%. Además, el 44,2% de la población entre 3 y 17 años de edad está fuera del sistema educativo en el país. El analfabetismo sigue siendo un problema central en la realidad educativa de Honduras, al punto de que en mayo de 2013 el 14,6% de las personas mayores de 15 años no sabía leer ni escribir.
El sistema educativo hondureño estuvo estructurado bajo la Ley Orgánica de Educación desde 1966 hasta el año 2011. El 2011 se emitió la Ley Fundamental de Educación, un importante avance para el goce efectivo del derecho humano a la educación por todas las personas. No obstante, según el estudio en cuestión, la gratuidad de la educación, desde una perspectiva de derechos, no solo recoge la prohibición del cobro de contribuciones económicas en las escuelas, sino también la eliminación de todas las barreras económicas al acceso de las ciudadanas y los ciudadanos al sistema educativo. Además, la gratuidad implica un nivel de financiamiento adecuado a los centros educativos.
Costos que recaen en los bolsillos de las familias - Un hallazgo de profunda gravedad de esta consulta consiste en que un importante porcentaje de familias sigue siendo obligado a pagar por concepto de matrícula y mensualidad en varias de las escuelas públicas. Ambos cobros están prohibidos en la normativa internacional sobre el derecho humano a la educación que fue firmada por el Estado hondureño. A estos costos se suman otros gastos directos e indirectos del proceso educativo. Si una familia (con dos hijos/as) asumiera todos estos costos, en el año tendría que destinar en promedio en la zona urbana 1,3 salarios mínimos al año y 0,6 salarios mínimos en la zona rural. Esta situación se agrava teniendo en cuenta que más del 60% de las familias en Honduras vive por debajo de la línea de pobreza.
Financiamiento de los centros educativos - Las escuelas tienen desfinanciadas sus condiciones materiales. La consulta encontró que la mayoría de las escuelas encuestadas no tiene recursos para financiar el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los materiales y recursos educativos que se requieren en los procesos escolares. La falta de mantenimiento y adecuación ha generado que en la mayoría de escuelas los salones de clase, energía eléctrica, espacios de recreación y servicios sanitarios se encuentren en un estado deficiente o regular. Además, las condiciones son tan precarias que en 6 escuelas visitadas los servicios sanitarios son letrinas y en dos escuelas no hay agua potable.
En este contexto, las familias, las y los docentes y directivos escolares destinan parte de su ingreso para cubrir las necesidades de la escuela pública. Esta consulta señaló que las familias tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, actividades extracurriculares, asociación de padres y madres y vigilancia. La mayoría son costos directos del proceso educativo. También, un porcentaje significativo de docentes pagaron en 2014 por libros de texto, el transporte escolar, los boletines de notas, los derechos de exámenes y la asociación de padres y madres de familia.
Para el Foro Dakar Honduras, coalición que desarrolló esta consulta en el país, en alianza con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), los datos de la Consulta muestran los costos que representa para una persona el ingreso y permanencia en el sistema educativo nacional, además de revelar la baja calidad de la educación pública en Honduras. “La información disponible señala que las personas que estudian en colegios privados de alto costo en el país, son las que están ingresando al nivel de educación superior público y las personas con menos ingresos, que estudian en instituciones públicas que enfrentan serios problemas de financiamiento adecuado, están siendo rechazadas por no alcanzar el puntaje necesario en los exámenes de ingreso a la universidad pública, lo que las obliga a optar por universidades privadas de bajo costo y baja calidad”, afirma Aminta Navarro, coordinadora de la coalición.
Añade que los resultados señalan la necesidad de más y mejor financiamiento para la educación pública, que permita fortalecer la rectoría del sistema educativo nacional. "También es necesario que las autoridades y la sociedad en general trabajen para construir un mejor país para todas y todos las/os hondureñas/os, donde el Derecho Humano a la Educación pública, gratuita y de calidad esté garantizado por el Estado".
El proceso de Consulta - La CLADE en los últimos años ha desarrollado una serie de consultas sobre gratuidad en diferentes países de América Latina y el Caribe, con el propósito de sondear la situación actual relativa al cumplimiento de este compromiso, no solamente a partir de la verificación de cambios en la normatividad, sino a través de la consulta directa a comunidades escolares en algunos países, de suerte que la voz de los sujetos de derecho pueda ser escuchada respecto a la realidad de la gratuidad, parte central de la garantía del derecho humano a la educación (DHE). La investigación se realizó en alianza con el Foro Dakar Honduras, el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala.
Con el fin de integrar la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, la consulta se llevó adelante con la participación de directores/as, estudiantes, docentes y padres/madres de familia. En Honduras, este proceso abarcó 18 escuelas, 12 ubicadas en zona urbana y 6 ubicadas en zona rural, distribuidas en 3 municipios (Choluteca, Francisco Morazán e Intibucá).
