“La gratuidad de la educación en Colombia sigue siendo un desafío”
Según María Elena Urbano, de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, si bien el Estado Colombiano reconoce la gratuidad de la educación, no se cumplen cabalmente los compromisos, entre ellos el 7% del PIB exigido para la educación
Colombia tiene muchos desafíos en materia educativa. Apenas el año 2010 la sentencia 376 de la Corte Constitucional declaró la gratuidad de la educación como una obligación del Estado. Pese a esta decisión, hasta hoy está pendiente que el Estado colombiano establezca mecanismos dentro de su política pública para garantizar la gratuidad del derecho humano a la educación para todas las personas. Así lo señala María Elena Urbano, coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. A su juicio, el país ha avanzado en la universalización de la educación básica primaria y un poco en la secundaria, pero siguen vigentes desafíos en temas como pertinencia, discriminación y acceso a la educación superior.
“Desde la Coalición existe una preocupación respecto al proceso de privatización de la educación, ya que en Colombia nos movemos en un modelo complicado, donde cada vez se ven más recortadas las obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación, y se facilitan intermediarios con afán de lucro”, afirma Urbano.
Según María Elena Urbano, hasta el 2013, el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia destinado a la educación estaba en el 4,4%, pese a varias peticiones del sindicato de educadoras/es más grande del país, para que se reconociera el 7% del PIB para la educación.
“Estuvimos en el proceso de lucha por la declaración de la gratuidad en Colombia, pero no es suficiente, ya que no se reconoce el pago de las familias a los centros educativos o instituciones, tales como gastos complementarios, comúnmente confundidos con la matrícula. No se reconocen, además, costos directos e indirectos vinculados con el proceso educativo, como la alimentación y el transporte, porque estas dimensiones se han convertido en un pago de favores de campañas políticas. El transporte se reconoce en algunos sectores rurales, pero hay dificultades de acceder a este derecho a nivel de municipalidades y departamentos, por la burocracia”.
Urbano también indica que aún no se garantiza la atención a niños/as con discapacidad, así como la cobertura de los ya mencionados costos con alimentaciones y transporte. “La gratuidad como está planteada en los convenios internacionales no está garantizada en Colombia, sigue siendo un desafío que debemos hacer realidad”.
La Coalición Colombiana tiene el propósito de seguir incidiendo en el tema de la canasta educativa, a través de una intervención con los nodos regionales presentes en 12 departamentos a nivel nacional. La Coalición ha previsto, inclusive, realizar una consulta sobre este tema, después de la sentencia 376 que obliga al Estado colombiano a aplicar la gratuidad. María Elena Urbano comenta que, en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), la Coalición Colombiana se ha sumado a instituciones educativas del país, para articular la realización de una consulta sobre el financiamiento de la educación, a través del diálogo con niñas y niños, para obtener información sobre a qué elementos del proceso educativo tienen acceso y cuáles son sus mayores dificultades.
La coordinadora de la Coalición Colombiana también comenta la importancia de las redes de comunicación regional e internacional, así como la participación en instancias internacionales de articulación e intercambio respecto a la incidencia por el derecho a la educación, lo que les permite conocer experiencias de otros países y buscar en ellas inspiración y la consolidación de sus acciones como sociedad civil organizada. “Actualmente, Colombia está en el proceso de diálogo por la paz, con la firma de los acuerdos. El acompañamiento de la comunidad internacional a este proceso nos da seguridad de que estas informaciones se difundirán”.
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