Gratuidad de la Educación en Colombia: Consulta señala incongruencia entre las leyes y los presupuestos públicos
Al no eliminar las barreras económicas fundamentales de acceso de los niños y niñas a la educación, la política del Estado colombiano deja rubros onerosos a cargo de las familias y no resuelve los problemas estructurales de financiación que tiene el sistema educativo
Foto: Crónica del Quindio
La consulta regional Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay analiza las barreras económicas que impiden la realización del derecho humano a la educación para todas las personas en nuestra región. El estudio aborda el conjunto de gastos asociados al proceso educativo, investigando el grado de cobertura que realiza el Estado y el costo que recae sobre los bolsillos de las familias de las y los estudiantes, docentes y directivos escolares, afectando la realización de la gratuidad. Entre los gastos escolares directos e indirectos analizados, se consideran tasas de matrícula, aranceles, uniformes, transporte escolar, útiles escolares, entre otros.
En el caso concreto de Colombia, existe una dinámica particular de un modelo de desarrollo caracterizado por el creciente predominio del capital financiero en las políticas sociales, la conversión de los derechos sociales en servicios privatizados, el asistencialismo del gasto público focalizado únicamente a las personas con menos ingresos y la renuncia del Estado a su obligación de garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios públicos.
A través de una demanda instaurada por la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en la Corte Constitucional del país, se condujo al Gobierno Nacional a diseñar e implementar una política de gratuidad educativa. El Gobierno, desde una concepción reducida del concepto de gratuidad, asumió el mandado de la Corte Constitucional, prohibiendo por decreto el cobro de aranceles escolares en las instituciones educativas oficiales, y asignando una partida de recursos de manera que fuese utilizada para sustituir las cuotas que antes se cobraban a las familias, y con las cuales se financiaba parte del funcionamiento de los colegios públicos. Sin embargo, los demás costos del proceso educativo no se afectaron y la carga de su financiación se mantuvo en las familias y en las instituciones educativas, a través de diversos tipos de aportes.
Esta situación se presenta en los hallazgos de la mencionada Consulta sobre la gratuidad de la educación en nuestra región, que en Colombia fue realizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación.
¿Qué tipo de costos tienen que asumir las familias en las instituciones educativas? - El estudio encontró evidencia de que las familias colombianas tienen que enfrentarse a unos costos directos e indirectos que no están contemplados en las políticas educativas y que son bastante onerosos, representando una proporción importante de sus ingresos. Estos costos se convierten en barreras económicas para el acceso de los niños y niñas a la educación.
Además, se encontró que el valor de la canasta educativa es importante tanto en la zona urbana como en la zona rural: una familia que tenga que asumir todos los costos en la zona urbana debe pagar cerca de 2,7 salarios mínimos al año por cada hijo o hija, mientras una familia en zona rural debe pagar cerca de 1,3 salarios mínimos por hijo/a.
¿Cuál es el estado de la financiación de las instituciones educativas y de los procesos pedagógicos? - Con esta consulta, se logró identificar que la comunidad educativa carece de elementos básicos e indispensables para desarrollar los procesos educativos (por ejemplo, materiales educativos, libros de texto e infraestructura adecuada). Se verificó que los recursos con que cuentan los colegios no son suficientes para atender de manera adecuada estas dificultades.
Ante los problemas presupuestales que enfrentan las escuelas, los sujetos de derecho y la comunidad (directivos, docentes, padres/madres de familias) tienen que contribuir con una parte de sus recursos para financiar las necesidades de las instituciones educativas públicas.
María Elena Urbano, Coordinadora de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, señala que esta Consulta evidenció la no correspondencia entre la legislación colombiana, que garantiza la gratuidad del Derecho a la Educación, y la financiación que realiza el Estado.
Al mismo tiempo, la colaboración en dicha Consulta hizo que se viera la necesidad de una nueva Consulta nacional para determinar, de modo realista, el costo de la canasta educativa y así poder hacer incidencia y seguimiento a los presupuestos del Estado. “Nuestro reto es conocer y acceder a la información sobre la gratuidad de la educación en su sentido pleno, para todos/as los y las colombianos y colombianas”, afirma Urbano.
También señala que las acciones de incidencia promovidas por la Coalición Colombiana han podido establecer relaciones entre la sociedad civil organizada y parlamentarias/os del Congreso Colombiano. Así se han concretado audiencias públicas con el fin de generar opinión y debate sobre el Derecho a la Educación, con la participación de distintas organizaciones de la sociedad civil.
Escuchar entrevista:
El proceso de Consulta - La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en los últimos años ha desarrollado una serie de consultas sobre gratuidad en diferentes países de América Latina con el propósito de sondear la situación actual relativa al cumplimiento de este compromiso, no solamente a partir de la verificación de cambios en la normatividad, sino a través de la consulta directa a comunidades escolares en algunos países, de suerte que la voz de los sujetos de derecho pueda ser escuchada respecto a la realidad de la gratuidad, parte central de la garantía del derecho humano a la educación (DHE). La investigación fue realizada en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay.
Con el fin de integrar la perspectiva de los distintos actores de la comunidad educativa, la consulta se llevó adelante con la participación de directores/as, estudiantes, docentes y padres/madres de familia. En Colombia, esta investigación abarcó un universo de 16 centros educativos, 11 en emplazados en el ámbito urbano y 5 en el ámbito rural.
